Capítulo 1: Evolución de los principales ordenamientos jurídicos. -- Sección I: El derecho norteamericano. -- Sección II: El derecho francés. -- Sección III: La directiva de la Unión Europea de 1985. -- Sección IV: El derecho colombiano. -- Capítulo 2: Responsabilidad por productos defectuosos en el derecho comparado y en el derecho colombiano. -- Sección 1: Elementos estructurales de la responsabilidad por productos defectuosos. -- Sección II: Puesta en circulación del producto defectuoso. -- Sección III: Prueba del nexo causal. -- Sección IV: Exoneración del productor. -- Sección V: Duración de la garantía y prescripción. -- Sección VI: El estatuto solo se aplica a productos puestos en circulación después de la entrada en vigencia del mismo. -- Sección VII: Jurisdicción y competencia.

La responsabilidad por productos defectuosos constituye en la actualidad la institución más importante del derecho privado en el mundo entero. Sus diferencias radicales con los principios generales de la teoría de las obligaciones hacen de ella una materia muy particular y difícil de comprender para quienes se han formado a la luz del Código Civil y del Código de Comercio. El Estatuto del Consumidor (Ley 1480 de 2011) pretendió reglamentar sistemáticamente esta responsabilidad, pues no existían en el país normas expresas sobre ella. Lamentablemente el Estatuto adolece de insuperables fallas de técnica jurídica, no solo en sus principios generales, sino muy especialmente en los atenientes a la responsabilidad por productos defectuosos. Son varios los temas que el Estatuto no reglamenta, lo que generará enormes dificultades para elaborar una doctrina pacífica y más o menos coherente. En esta obra el doctor Javier Tamayo pretende, sobre todo, mostrar los vacíos, las vaguedades, las contradicciones y las incoherencias de todo el Estatuto del Consumidor, en las cuales se incluye, desde luego, la responsabilidad por productos defectuosos. El autor mismo admite haberse escandalizado cuando al redactar el texto final detectó las discordancias de la Ley, y asumió posiciones que muy seguramente no serán compartidas por buena parte de los lectores. Así las cosas, de ante mano mani-fiesta al lector que se da por bien servido si por lo menos los jueces y doctrinantes perciben las fallas a las que se refiere en el texto. Si en cada uno de los problemas ha debido sentar su posición, lo hace simplemente como el lanzamiento de los primeros argumentos para iniciar una sana y productiva discusión que le permita a la jurisprudencia o al mismo legislador corregir los defectos mencionados.

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