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Sorprendentemente, los Anteproyectos de reforma del Código penal a los que aludía en el Prólogo a la anterior edición han sido aprobados con inusitada rapidez en estos últimos meses: uno de ellos, convertido en la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, que afecta directamente a la regulación penal del aborto, ha entrado ya en vigor el 5 de julio de este año. El otro, convertido en la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifi ca la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, entrará en vigor, tras una vacatio legis de seis meses, el 23 de diciembre de este mismo año. Si en lo que afecta a la nueva regulación del aborto el legislador ha pretendido, con mayor o menor acierto, adaptar la regulación penal a la realidad social, que en esta materia hacía tiempo que había desbordado el estrecho sistema de indicaciones introducido en 1985, en las reformas operadas por la LO 5/2010, de 22 de junio, se ha adoptado, en cambio, una concepción autoritaria y cada vez más dura del Derecho penal, en la que predomina la idea sin ningún fundamento empírico y, por tanto, más bien la ideología de que sólo el incremento de la gravedad de las penas y la creación de nuevos tipos delictivos puede solucionar o reducir la confl ictividad que plantean los nuevos problemas sociales y económicos que aquejan a la mayoría de los Estados modernos: el terrorismo, el tráfi co de seres humanos, la crisis económico-fi nanciera, el uso indebido de las nuevas tecnologías, especialmente de las informáticas, en la comisión de ciertos delitos contra la intimidad, los abusos sexuales y la pornografía de menores en Internet.